El sindicato CGT de Zamora ha mostrado su rechazo a los ‘guetos educativos’ proponiendo que para acabar con ellos hay que “acabar con la actual política de matriculación y distrito único y acabar con el doble sistema público-concertado”.

En este sentido, desde el sindicato señalan que “por mucho que nos empeñemos en políticas de avestruz y silbemos mirando al tendido, lo cierto es que al final la realidad tiene una tendencia inigualable a la permanencia. Esto, en esencia, es lo que sucede con los guetos educativos”.

Así, señalan que en la provincia cualquier docente puede identificar como guetos educativos a los CEIP La Villarina, La Hispanidad y Miguel de Cervantes, en la capital y el CEIP San Isidro, en Benavente.

CGT incide en que “para maquillar, tapar y naturalizar el gravísimo problema de la desigualdad en la escolarización, la Consejería se sacó de la manga el programa 2030 dirigido a ‘Alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa y centros de alta complejidad socioeducativa o en riesgo de padecerla’ y con el supuesto objetivo de ‘favorecer la educación inclusiva de calidad’”.

“Los centros gueto (ahora los llaman eufemísticamente centros 2030 porque llamarlos por su nombre no les gusta) son el resultado de una forma de escolarización basada en una supuesta libertad de elección, libertad que no es tal porque es distinta para los ricos y para los pobres. Además, en la orden que lo regula, el programa 2030 se enmarca en los proyectos de autonomía de los centros. Esos proyectos de autonomía son el sumun de la competición en desigualdad de condiciones entre los centros públicos y los concertados, promoviendo políticas educativas empresariales y neoliberales”, resaltan desde CGT añadiendo que conviene detenerse y analizar en profundidad las causas de un problema complejo como es éste (en el plano social, económico, legal y educativo).

Por ello, concluyen que “un gueto no nace, se hace. Y la Administración los ha consentido, propiciado y consolidado desde hace décadas. El doble sistema educativo (público/privado o concertado) colabora, consolida y a menudo legitima la diferenciación social, de hecho, los datos disponibles confirman la realidad de la inexistencia de alumnado de minorías étnicas en la escuela privada y muy poco en la concertada, de forma que estas minorías, finalmente son concentradas en guetos educativos, poco visibles, y apenas audibles para la conciencia social”. Para constatarlo, CGT compara, por ejemplo, los datos de matriculación de los colegios públicos La Hispanidad y Miguel de Cervantes con los de su vecino de al lado, el colegio concertado Mª Inmaculada (Trilema Zamora). Lo mismo sucede en Benavente si se compara la matrícula del colegio público San Isidro, con la de los concertados Virgen de la Vega o San Vicente de Paúl.

“En estos centros gueto el porcentaje de alumnos de minorías excede con mucho la barrera de lo razonable, de lo tolerable para asegurar la calidad y la equidad en el derecho a la educación de todos. En todos ellos, la labor de los docentes se podría definir como heroica, sin que quepa intención hipérbolica alguna. Se dejan literalmente la piel, con un compromiso que supera de largo los tópicos sobre la labor del profesorado”.

CGT considera que no por ello deja de ser un problema que requiere soluciones duraderas y justas. Y estas pasan, según el sindicato, por algunos cambios inexorables y así se lo han transmitido a la Consejería de Educación:

• Acabar con la actual política de matriculación y distrito único, regulando y limitando la libertad de elección de centro por parte de los padres (libertad que solo opera, de hecho, en una dirección: la libertad de elección de los padres con un mayor estatus socioeconómico).
• Repartir equitativamente este alumnado entre todos los centros que reciben fondos públicos (incluidos los concertados)
• Dotar adecuadamente a todos los centros de los recursos humanos y económicos suficientes para atender esa diversidad.
• Evitar el cierre de los centros públicos, revisando los conciertos con colegios privados, ya que los conciertos educativos son una de las causas del deterioro de la escuela pública, por tanto, se debería revertir el proceso de privatización hasta acabar con el doble sistema público-concertado.

“Hay que acabar ya con los privilegios de los que disfruta la escuela concertada, la selección del alumnado por la vía económica y social, y las limitaciones -rayanas en la ilegalidad- que opone la concertada a la matrícula en sus centros”, concluyen.