El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha valorado la sentencia de la Audiencia de Valladolid en el 'caso PGOU', en el que ha condenado al exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento, José Antonio García de Coca; el jefe del Área, Modesto Mezquita, y el arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller, en la época en la que era alcalde Francisco Javier León de la Riva por el PP. "Ahora ya podemos hablar de un caso de corrupción urbanística", ha afirmado Puente.

El regidor ha mostrado su "satisfacción porque se confirma lo que siempre afirmamos desde un principio, que fue insistentemente rechazado por el entonces Gobierno del PP; que era que en el PGOU no había errores materiales sino modificaciones conscientes en beneficio de particulares y en contra del interés público, y eso es lo que la sentencia de hoy recoge con absoluta nitidez y claridad".

Puente ha lamentado que "se condene a personas, siempre lo hacemos, especialmente cuando se trata de dos trabajadores públicos que en este momento prestan servicio para el Ayuntamiento", en relación con Mezquita y Álvarez Aller, cuyos casos "se analizarán", ya que su condena implica la inhabilitación para funciones relacionadas con Urbanismo, un área de la que ya no forman parte en el Consistorio.

Óscar Puente ha recalcado que lamenta que "en esta sentencia no se hayan recogido penas y condenas a empresarios que se han librado de condenas por sus actos". El alcalde ha relacionado este desenlace con "una deficiente fase de instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid", que en aquél momento ocupaba José María Crespo, que en agosto "dio un salto fugaz a la política de la mano de Ciudadanos", pero que tan sólo tres días después renunció a su cargo de director general de atención al ciudadano, dentro de la consejería liderada por Francisco Igea, "y ha retornado a su puesto tras una jugada difícil de explicar", ha apuntado Puente.

El alcalde también ha criticado que el Ayuntamiento no estuviera personado en esta causa, como si ha hecho en procedimientos como el de las comfort letter, "porque si el interés del Ayuntamiento está en juego debemos estar en el procedimiento, quizá la ausencia clamorosa en este proceso se explica por la condena del exconcejal, pero es una omisión inadmisible".

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