Potente empujón económico para proyectos de investigación

Potente empujón económico para proyectos de investigación

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La nueva orden de bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, que incluye la contratación de personal investigador postdoctoral, incluyen un incremento del importe máximo de cada ayuda --que puede alcanzar los 264.000 euros-- y la posibilidad de contratar durante 24 meses a dos investigadores postdoctorales con cargo a dicho proyecto, según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).


También incorpora medidas para agotar la totalidad del importe de la subvención durante la ejecución del proyecto y, para simplificar los trámites administrativos, cada organismo o entidad presentará una única solicitud con todos los proyectos para los que solicite subvención.


Cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), estas subvenciones están dirigidas a los trabajos de investigación que se desarrollen durante los años 2020-2023.


En esta ocasión, además, la Junta de Castilla y León ha hecho un esfuerzo por clarificar la redacción de los requisitos, con el objetivo de reducir carga burocrática que los investigadores soportan al participar en convocatorias competitivas. Asimismo, en consonancia con la política de transparencia y buen gobierno de la administración regional, se intensifican las medidas destinadas a detectar y prevenir el riesgo de fraude.


Las bases amplían, además, las posibilidades en la obligación de contar con colaboración empresarial, pudiendo hacerlo también con agentes de desarrollo económico y social.


La Consejería ha incorporado otras novedades como la obligación de publicar una versión digital de las investigaciones para aquellas publicaciones que, derivadas de la investigación, no sean susceptibles de protección de derechos de propiedad industrial o intelectual; la sustitución de las memorias científicas intermedias de seguimiento por una memoria científica final; la inclusión de la dirección URL del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, como medida para la prevención del riesgo de fraude; y la adaptación de los criterios de valoración a las distintas áreas de conocimiento, a fin de poder canalizar mejor las propias líneas de investigación.


Atendiendo a las necesidades detectadas tras dos convocatorias de ayudas resueltas, estas nuevas bases permiten la adquisición de equipamientos entre los 50.000 y los 500.000 euros, la financiación de los gastos que se encuentren comprometidos antes del 30 de octubre -con el objetivo de ampliar el tiempo en el que deben culminarse los procesos de licitación- y la posibilidad de que la petición pueda provenir de grupos adscritos a las universidades u organismos públicos de investigación ubicados en Castilla y León.