La comunidad autónoma de Castilla y León inicia este año con su presupuesto prorrogado, algo que se repite por cuarta vez la historia de la Comunidad, aunque en esta ocasión, por primera vez, las cuentas se prorrogan por segundo año consecutivo, con lo que 2020 arranca con el presupuesto de 2018.

Las anteriores prórrogas presupuestarias fueron la de 2011 para 2012 y la de 2016 para 2017, si bien en estos dos ejercicios las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no ha ocurrido en este último, ejercicio, de 2018 para 2019.

El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó el jueves 26 de dicimebre la prórroga del presupuesto para el año que ahora empieza con el compromiso, como explicó el vicepresidente de portavoz de la Junta, Francisco Igea, de tener nuevas cuentas en 2020 con un efecto retroactivo a 1 de enero "aunque se apruebe con posterioridad".

En este caso, el vicepresidente de la Junta ha detallado que la prórroga afecta al desarrollo de nuevos proyectos, por lo que ha insistido en que, independientemente del mes en el que se aprueben las cuentas autonómicas, tendrán efectos a 1 de enero de 2020.

El Decreto de prórroga de los Presupuesto de la Comunidad que se encuentran actualmente en vigor tiene como objetivo de "facilitar y clarificar" la gestión diaria de los recursos disponibles en los distintos departamentos de la Administración autonómica.

Esto implica que, mientras se mantenga la prórroga, la Junta atenderá con normalidad los gastos de personal; los derivados del funcionamiento habitual, en especial los que aseguran la prestación de los servicios públicos esenciales y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad.

En cuanto al resto de los gastos, el Decreto señala que estos se imputarán conforme a su naturaleza a los respectivos capítulos de transferencias corrientes, de inversiones reales, de transferencias de capital y de activos financieros, cuyos créditos se prorrogan para dar continuidad a las medidas que se venían realizando a lo largo del ejercicio.

Como concreta el decreto esto supone que la Junta seguirá ejecutando partidas correspondientes a cualquier prestación que viniera realizando de forma sistemática a lo largo del ejercicio, así como las que resulten imprescindibles para atender el servicio público o cumplir una norma con rango de ley.

Añade también que, a estos efectos, se entiende por gastos correspondientes a actuaciones no finalizadas todos aquellos que se encuentren vinculados a acuerdos, planes o compromisos realizados por el Gobierno de Castilla y León con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

Las normas de imputación de gastos reguladas en este proyecto de decreto afectan a todas las secciones presupuestarias, salvo a la 20, Cortes de Castilla y León e Instituciones propias de la Comunidad, y a la 31, Política Agraria Común (PAC).

PRÓRROGAS ANTERIORES

El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera optó por la prórroga en dos ocasiones, la primera en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones generales a finales de 2011 sin dejar presupuesto para el siguiente año, y en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que envió el Montoro variaron a la baja y el Gobierno de Rajoy llegó a Navidad sin aprobar ni el objetivo de déficit ni el de deuda y sin apoyos para aprobar las cuentas estatales.

El Decreto de Prórroga de los presupuestos de 2012 obligó a los consejeros a pedir autorización para hacer gastos previa elaboración de una memoria justificativa de su necesidad, oportunidad y posibilidades de financiación --las únicas excepciones fueron las Cortes, el Consultivo y la PAC-- mientras que la segunda se optó por una prórroga presupuestaria "muy transitoria" y "blanda" para garantizar los gastos de funcionamiento de las consejerías.

Según explicó entonces la consejera de Economía y Hacienda, en 2011 la Junta tuvo que prepararse "con mucho cuidado y esmero" aquel Decreto de prórroga presupuestaria en el que se basó para el Decreto de 2016 "muy similar" en las instrucciones técnicas pero sin "tantas trabas" a determinados gastos ya que las circunstancias económicas y presupuestarias habían cambiado respecto a aquel año 2012 cuando la Junta declaró "indisponibles" tantos recursos como fueran necesarios para respetar el objetivo de estabilidad de ese ejercicio.

La prórroga de los presupuestos de 2011 se prolongó hasta el 25 de mayo aprobó el Proyecto de Presupuestos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 que ascendía a 9.720 millones de euros, un 3,24 por ciento menos, y se situó en niveles de 2007.

En el segundo caso (de 2016 a 2017) el nuevo presupuesto se aprobó el 23 de junio por un montante total de 10.293,18 millones de euros, un 4,7 por ciento más.

La tercera prórroga se produjo de 2018 para 2019, entonces la Junta ha justificado la decisión de no presentar el proyecto de en la falta de datos ciertos para elaborar una previsión de ingresos y gastos fiable ante la carencia, a su vez, del correspondiente proyecto de presupuestos generales del Estado.