Tras la segunda jornada del juicio a puerta cerrada contra R.R.C., el acusado por un delito de agresión sexual a las dos hijas menores de su pareja entre los años 2015 y 2017, cuando las niñas tenían 17 y 12 años, el caso ha quedado visto para sentencia tras una larga sesión.

Tras la declaración de los testigos el jueves, hoy la sesión se ha centrado en los informes forenses y psicológicos para dar paso, tras un receso, a las conclusiones.

Los dos abogados de la acusación se han mantenido en la misma línea que el Ministerio Fiscal y defienden que hay doble delito de agresión sexual hacia las menores y otro de malos tratos en el ámbito familiar hacia la madre de las niñas.

Así, han señalado que las menores “se han mantenido en la línea de su declaración principal tanto en la Policía como en el Juzgado y ha sido corroborado con otros elementos que se han podido probar, teniendo en cuenta que estos hechos que suceden en el ámbito privado, que no suelen dejar vestigios porque se denuncian con posterioridad, aparecen corroborados con testimonios de personas a los que le han referido los mismos hechos y también con el rendimiento escolar y el comportamiento familiar”.

Así, los abogados de las víctimas señalan que ha habido unas pruebas de los psicólogos que las han tratado en el hospital Virgen de la Concha que se han ratificado, una prueba pericial de los forenses posterior sin vestigios en las menores “pero sí de una agresión que había sufrido la madre”, y los informes del equipo psicosocial relativos a la ausencia de confabulación, señalando que “no hay una inmadurez destacada y falta de credibilidad”.

Por último, la prueba psicológica de la conducta del acusado con su trayectoria para corroborar que era incapaz de cometer estos hechos. Ante esto, los abogados de la acusación señalan que “estamos cansados de personas que son modelos de conducta de cara a la sociedad pero que en el ámbito privado se comportan de manera absolutamente incalificable”.

Por ello, solicitan para el acusado un total de 64 años de prisión más otros tres años por violencia de género desgranados en dos delitos de agresión sexual con acceso y sin acceso carnal a cada una de las menores de 20 y 12 años de prisión, así como 25 años de alejamiento y 10 años de libertad vigilada. A nivel económico, el Ministerio Fiscal pide 15.000 euros para el resarcimiento de las víctimas y la acusación 50.000 euros.

Por su parte, el abogado de la defensa también ha mantenido su postura solicitando la libre absolución del acusado, defendiendo la inocencia de R.R.C., que lleva dos años en prisión provisional.

El abogado de la defensa ha incidido en que “la defensa no es más que la declaración de las denunciantes. No hay ninguna prueba objetiva, no existe mayor prueba que la declaración de las supuestas víctimas”. En este sentido ha incidido en que hay que ver qué puntos son reales o no para ver si existe una verosimilitud, si bien destaca que “las declaraciones son totalmente contradictorias, con un discurso sesgado, monosilábico e incoherente” mientras que ha manifestado que al haber puesto ellas la denuncia “existe una situación límite, tiene que ser muy afinado porque no existen pruebas forenses que lo corroboren, no hay ningún rasgo” además de que la denuncia se llevó a cabo “muchos meses después de que abandone la vivienda y de la ruptura sentimental que es lo que motivó”.´

Además, el abogado del acusado ha concluido señalando que el equipo psicosocial no puede determinar que exista o no esa invención y en el forense no hay indicios.