El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ha avanzado este miércoles en Burgos que el organismo que representa y el Consejo de la Abogacía de la Comunidad plantearán al Gobierno central la creación de oficinas judiciales en los centros penitenciarios de la Comunidad.

Concepción, quien ha presidido una reunión de la comisión mixta entre representantes del TSJCyL y el Consejo Autonómico de la Abogacía, ha destacado que es necesario superar el "anacronismo" que se produce cada vez que existen actos de comunicación con los ocho centros penitenciarios de la Región.

En este sentido, ha explicado que la creación de ocho oficinas judiciales permitiría dotar de agilidad y facilitar el trabajo con estos centros, por lo que se pedirá la colaboración del Ministerio de Justicia en este asunto.

Por otro lado, ha remarcado la importancia de avanzar en una solución para la situación por la que atraviesan los juzgados de Familia de Castilla y León, que "sufren" los retrasos provocados por los equipos psicosociales.

Al respecto, ha dejado claro que los juzgados y tribunales de la Comunidad operan, por regla general, "en tiempo y forma" y ha explicado que los problemas surgen en los de Familia por los retrasos en la entrega de informes a dichos equipos, lo que provoca que en algunos casos las decisiones judiciales se retrasen hasta un año, en cuestiones, como por ejemplo, las custodias compartidas.

LEY DE ENJUICIAMIENTO

Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz, ha puesto sobre la mesa la petición de revisar la Ley de Enjuiciamiento Civil para conciliar la vida laboral y familiar de los letrados.

En este sentido, ha explicado que la normativa actual no contempla casos, por ejemplo, de enfermedad, maternidad o paternidad, matrimonio o defunción de familiares, por lo que ha urgido a una solución legislativa.

Por otra parte, ha defendido el derecho de los abogados al descanso vacacional, igual al que disfrutan los jueces o funcionarios, y ha planteado que se declare el mes de agosto inhábil para todas las actuaciones judiciales, con la excepción de las guaridas de Turno de Oficio o las consideradas de urgencia.