UGT plantea impugnar el Decreto de Autorización de residencias en la Comunidad

UGT plantea impugnar el Decreto de Autorización de residencias en la Comunidad

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Los responsables de función pública del sindicato UGT han acusado a la Junta de no invertir ni velar por la calidad de los servicios de las residencias públicas y permitir que se hayan convertido en un negocio que "explota" tanto a familias como a trabajadores, por lo que se plantean denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo, así como avanzar en la impugnación del Decreto de Autorización de Centros.


El secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato en Castilla y León, Tomás Pérez, ha presentado este viernes las conclusiones del informe sobre residencias privadas en 2019 elaborado por UGT del que se extrae que estos centros se están convirtiendo en el "gran negocio" de las empresas de la construcción y de los "fondos buitre".


Pérez ha criticado la "inercia" de la Junta con respecto a este sector que, a su juicio, se utiliza con fines "propagandísticos", ya que, según los cálculos realizados por el sindicato, de las 571 residencias que existen en la Comunidad únicamente 130 son públicas pero con gestión privada, 154 pertenecen a instituciones sin ánimo de lucro y 297 son privadas con precios que oscilan de media en torno a las 1.900 euros.


"La dependencia no puede ser un negocio", ha insistido Pérez, quien ha lamentado que de los cuatro pilares del bienestar tres sean públicos --educación, sanidad y cuidado de mayores-- frente a la situación del sector del cuidado de mayores, donde la mayoría de las plazas son privadas --42.441 de un total de 47.800--.


En este sentido, ha criticado la situación de los trabajadores con bajos sueldos y una "enorme" carga de trabajo, algo que ha secundado la secretaria del sector socio-sanitario de la FsP de UGT, Fonsi Bonafonte, quien ha insistido en que se trata de un sector en el que el 97 por ciento de los empleados son mujeres.


Bonafonte ha criticado la situación que se da con las ratios profesional-usuario en el caso de las residencias privadas, ya que si la ley establece una ratio de 0,202 profesionales en el caso de válidos y dependientes, si se tienen en cuenta librazas o bajas, podría descender hasta el 0,15.


La líder sindical ha lamentado que la carencia de profesionales conlleve avanzar en un sistema "perverso" que, en ocasiones, puede generar un "maltrato en el cuidado" por carecer de tiempo para atender a los profesionales. "Las ratios son mínimas y la carga de trabajo tremenda, no se encuentran gerocultores", ha aseverado.


Por último, la responsable regional de Residencias de la FsP-UGT, Marta Martínez, ha exigido que se tomen en serio las inspecciones de trabajo, ya que se trata de un sector con mucha siniestralidad laboral dado el "sobresfuerzo físico, las agresiones y las enfermedades profesionales", a lo que se suma el "consumo habitual" de psicofármacos por parte de los profesionales ante la ansiedad que les genera la situación.


"Es un tema urgente de abordar, con precariedad no puede haber calidad", ha concluido.