Los grupos parlamentarios de PP y de Ciudadanos han rechazado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE con el fin de que la Junta asuma el suplemento territorial que los ciudadanos ya pagan en su factura de la luz y han defendido que las cuantías necesarias para crear un fondo que asuma lo que están pagando los castellanoleoneses debe ser aportado por el Gobierno central.

La procuradora del PSOE Rosa María Rubio ha defendido esta iniciativa socialista relativa al suplemento territorial que desde septiembre pagan los ciudadanos en el recibo de la luz porque la Junta debería haber creado un fondo para sufragar estos 31 millones --29 por el impuesto y dos por intereses de demora-- como se introdujo en la Ley de Medidas que acompañó al Presupuesto de la Comunidad en 2013.

Una petición que ha sido rechazada por el procurador del PP Salvador Cruz, quien ha defendido ante el Pleno una enmienda de sustitución en la que se apunta a que, una vez conocido el fallo del Tribunal Supremo en este sentido, se reclame al Gobierno de España las cantidades necesarias para la dotación de un fondo.

Cruz ha recordado a la procuradora socialista que tanto la Orden sobre este asunto sobre el ministro del PP Cristóbal Montoro como la dictada por la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, están "recurridas y pendientes de sentencia", al tiempo que ha recordado una iniciativa parlamentaria que defendió ante las Cortes el exportavoz socialista Óscar López, actual presidente de Paradores, en la que hablaba de reclamar el fondo al Gobierno de España.

En este sentido, el procurador de Ciudadanos Juan Pablo Izquierdo ha lamentado que, sobre este asunto, el PSOE "quiera adelantarse a la justicia", un punto en el que ha afeado las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que " se creía que la Fiscalía era suya". Así, ha reclamado al PSOE que admitiera la enmienda del PP para contar con el apoyo de la formación naranja, algo que finalmente no ocurrió.

No obstante, la iniciativa socialista sí logró el apoyo de los procuradores de Podemos y del resto del representantes del Grupo Mixto a excepción de la abstención de VOX. Así, Pablo Fernández, pese a apoyar la PNL, la ha tildado de "parche" y ha pedido que se impulsen medidas de "mayor calado" para abordar la "enorme factura de la luz".

En su intervención ante la Cámara, Fernández ha aprovechado para referirse al preacuerdo de Gobierno rubricado este martes entre Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos) para defender que ahora se abre un "tiempo nuevo". Asimismo se ha referido también a las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien, a su juicio, se ha empeñado en convertir Castilla y León en una "suerte de dote" al "cambiar comunidades autónomas por el gobierno de España".

Tras esta intervención y para cerrar el debate la procuradora socialista Rosa María Rubio ha lamentado que el PP permita que los ciudadanos paguen "mes a mes" hasta que se resuelva el recurso y ha lamentado que la Junta "incumpla la Ley". "Ese fondo tiene que ser real, no vamos a consentir que los ciudadanos sean los paganinis, rectifiquen y resuelvan que es su obligación", ha concluido.

La iniciativa 

Como se explica desde la iniciativa socialista esta situación deriva de la decisión, vía Real Decreto, del exministro Cristóbal Montoro en 2012, de que las eléctricas "tenían que repercutir a sus clientes los impuestos autonómicos medioambientales".

No obstante, tras varias sentencias judiciales sobre esta decisión, el Tribunal Supremo anuló esa obligación durante todos los años a excepción de 2013, año en el que sí debe ser repercutido a los consumidores con intereses de demora.

Esta situación llevó a incluir en Castilla y León, según el PSOE, en la Ley de Medidas Tributarias que acompañó al Presupuesto de 2013 la creación de un fondo para la compensación de los suplementos territoriales que debería haberse dotado con los ingresos obtenidos por el Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos de agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Así, ahora, cuando las eléctricas han comenzado a cobrar este suplemento a los ciudadanos y que supone para una factura media anual de un consumidor doméstico en el entorno de 600 euros anuales el impacto sería de 13,18 euros que las eléctricas cobran de forma aplazada, con lo que supone en torno a 1,098 euros mensuales, según los cálculos de los socialistas.