El grupo de gran empresa de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) se ha reunido para analizar la situación del sector y ha mostrado su "enorme preocupación" por la situación que atraviesan los fabricantes de productos cárnicos, como consecuencia de la demanda exterior de este producto.

En concreto, este grupo está integrado por las mayores empresas cárnicas de España y presidido por Paulo Soares, actual director general de la Región Sur de Europa de Campofrío Food Group, según ha informado la asociación en un comunicado.

Las empresas cárnicas vienen trabajando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para desarrollar una línea específica de ayudas a la industria cárnica.

Anice solicitó esta línea para la financiación del circulante de las industrias cárnicas, con buenas condiciones de financiación. La asociación se reunió con representantes del ICO, a los que se les expusieron las necesidades de financiación del sector.

Asimismo, se contó con la presencia de la directora de la AICA,
Gema Hernández, y del director de FIAB, Mauricio García de Quevedo, quienes analizaron los trabajos de trasposición de la Directiva de lucha contra las prácticas comerciales desleales, publicada el pasado mes de abril y que deberá ser incorporada a nuestra legislación dentro de la Ley 12/2013, de mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria.

Gema Hernández expuso los trabajos desarrollados por la AICA para asegurar el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, explicando el funcionamiento de la agencia y su actividad de control, destacando el alto nivel de cumplimiento de la industria cárnica.

Asimismo, el grupo le expuso la problemática de los plazos de pago de productos frescos y perecederos, cuando su destino es la elaboración de otros productos alimenticios, ya que dichos productos no van a ser vendidos directamente, sino que necesitan un tiempo de elaboración.

Por ello, el grupo expuso que el plazo de 30 días para los productos frescos y perecederos no debería aplicarse a las ventas de productos que se adquieran para transformarlos, posponiendo así su venta al consumidor final y no habiendo nunca, por tanto, una financiación positiva.