La Junta de Castilla y León ha propuesto a los sindicatos aplicar la jornada de 35 horas de forma efectiva a partir del 1 de junio, algo que los sindicatos rechazan al tiempo que proponen al Ejecutivo autonómico que la reducción horaria a partir del 1 de enero aunque con excepciones en los sectores o subsectores en los que se requiera, a los que se compensaría de alguna manera que se determine en una comisión técnica.

Ambas partes han acercado posturas en una reunión de algo más de dos horas que se ha desarrollado en la Consejería de la Presidencia de Castilla y León y en la que, además del titular del departamento, Ángel Ibáñez, ha estado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, por parte del Gobierno, además de representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que firmaron un acuerdo marco para la recuperación de los derechos de los empleados públicos en mayo, con el anterior Gobierno.

Tras la reunión, Ángel Ibáñez ha reiterado que la Junta mantiene su compromiso con la aplicación de las 35 horas y, tras evaluar el contexto con los últimos acontecimientos como el respaldo al paro de 2,5 horas, el abordaje de esta cuestión por parte de la Junta hay voluntad de flexibilizar la posición y por ello han planteado adelantar la aplicación de la jornada al 1 de junio de 2020.

A su juicio supone un "avance significativo" desde la anterior propuesta de hacerlo el 1 de diciembre de 2020 como se contemplaba en la anterior propuesta, por lo que considera que se han acercado posturas y la diferencia ya sólo es de cinco meses, por lo que ha reiterado su llamada a la responsabilidad para llegar a un punto de acuerdo.

Ibáñez ha incidido en que 2020 será un año "complicado" desde el punto de vista económico, algo que ha insistido en que no es una "excusa" pero sí "una pieza más del puzle" y además ha abogado por que haya una equidad para la aplicación en todos los sectores y, aunque el 1 de junio podría valorarse, no hay encuentro aún.

Por ello, ha señalado que la semana que viene se intentará llegar a un entendimiento y a un acuerdo con la prioridad no de evitar la huelga general de los empleados públicos, convocada para el día 6 de noviembre, sino de ser capaces de acordar "cómo y cuándo" se aplicará la jornada.

"El 1 de junio la Junta está en condiciones de asegurar que todos los empleados públicos pueden tener 35 horas como jornada ordinaria", ha vuelto a reiterar el consejero, quien ha asegurado que son "proactivos" y además ha agradecido de forma "expresa" el esfuerzo que le consta que están haciendo los sindicatos.

DESDE EL 1 DE ENERO

Por su parte, los sindicatos han rechazado lo que propone la Junta y reclaman la aplicación de la jornada de 35 horas a partir del 1 de enero, aunque con algunas excepciones en "sectores o subsectores" en los que no sea viable, como algunos de sanidad o educación, a los que podrían compensarse.

En concreto, el secretario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Tomás Pérez Urueña, ha reconocido que se han acercado posturas pero aún queda mucho por hacer y ha concretado que la propuesta sindical pasa por aplicar la jornada con carácter general el 1 de enero y buscar compensaciones a quienes no puedan hacerlo porque no lo permitan sus horarios --que ha insistido que hay muchos diferentes, no sólo de 8.00 a 15.00 horas como se cree en general--, calendarios o haya que cambiar un texto legislativo.

Pérez Urueña ha afirmado que lo que buscan es "equidad" entre todos los empleados públicos porque hay una "diversidad enorme de horarios" y hasta gente que trabaja tres meses al año, por ejemplo, por lo que habría que estudiar bien cómo se compensa en una mesa técnica. En cualquier caso, ha aclarado que esto tendría que hacerse con un límite temporal, no "sine die" o dejarlo a cargo de un delegado territorial de la Junta, por ejemplo.

Por su parte, la coordinadora de Sector Autonómico de CCOO, Ana Rosa Arribas, ha señalado que se ofrece abrir comisiones técnicas que buscaran la fórmula para compensar el retraso en la aplicación de esta jornada en algunos subsectores y ha matizado que la huelga seguirá convocada hasta que no haya un acuerdo.

En la misma línea se ha expresado la responsable de Acción Sindical de CSIF, Raquel Fernández, quien ha añadido que se trataría de aplicar la jornada reducida en todos los sectores, tanto en Administración General como en Educación y Sanidad, desde el 1 de enero de 2020 al tiempo que se estudian las citadas fórmulas de compensación.

En este contexto, Ana Rosa Arribas ha explicado que el sector "por excelencia" que tiene problemas es el de Educación, donde ya ha habido un retraso porque no han tenido la jornada de 35 horas y además es "complejo" porque posibles compensaciones tendrían que hacerse en horas lectivas o días, al igual que hay cierta complejidad en Sanidad, donde hay trabajadores con calendario anual que ya está negociado.

Los sindicatos consideran que la única forma de evitar la huelga sería alcanzar un acuerdo el lunes, 4 de noviembre, y han incidido en que, aunque no se dice, se intuye que otra de las cuestiones que genera dificultades, además de cuestiones económicas que argumenta la Junta, es que no hay "un solo gobierno".