Los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León han respirado aire contaminado por ozono durante el verano de 2019 por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 640.000 personas que viven en la montaña sur de la Comunidad y en la aglomeración de Valladolid (fundamentalmente en la zona sur) lo hicieron incluso de forma superior a lo que se establece por ley.

Así se desprende del Informe anual sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción que han presentado el responsable de Calidad del Aire de la entidad, Miguel Ángel Ceballos, y el portavoz de la organización en Valladolid, Javier Gutiérrez.

Miguel Ángel Ceballos, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha advertido de la gravedad de este problema, que causa una media de 100 muertes al año en Castilla y León, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III (elaborado entre 2000 y 2009), y ha reclamado a la Junta que elabore el plan contra este tipo de contaminación al que está obligado.

El portavoz de Ecologistas ha recordado que en octubre de 2018 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) establecía que la Junta está obligaba desde 2010 a elaborar este plan, pero no se ha hecho y además ha recurrido esta sentencia ante el Supremo "para ganar tiempo".

A este respecto, ha explicado que el Alto Tribunal ha admitido a trámite el 7 de octubre el recurso para precisar si las comunidades autónomas están necesitadas antes de un plan estatal, algo que los ecologistas consideran que ya existe según una sentencia de septiembre de la Audiencia Nacional.

Por ello, ha advertido al consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de que está actuando "negligentemente" y cada año que pasa hay un centenar de fallecidos por la exposición a este contaminante, cuyo "peso" recae sobre el consejero.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019 en 480 estaciones de medición de ozono repartidas por todo el territorio español, entre ellas 35 situadas en Castilla y León.

En lo que respecta a Castilla y León, entre las principales conclusiones, el informe destaca que durante 2019 los niveles de ozono han aumentado en el sur y han sido más bajos que en años anteriores en el noroeste, especialmente en El Bierzo, coincidiendo con el cierre de la central térmica de Anllares.

Población afectado 

Ecologistas en Acción ha explicado que, si se toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 100 microgramos por metro cúbico de aire, el aire contaminado por ozono ha afectado en 2019 a la totalidad de la población y del territorio castellanoleonés.

Sin embargo, si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, que establece el máximo en 120 microgramos por metro cúbico de aire, la población que ha respirado aire contaminado por encima del estándar legal es de 640.000 personas, que es la que vive en la zona de la montaña sur de Castilla y León y en la zona de la aglomeración de Valladolid (fundamentalmente la zona sur).

En concreto, tres estaciones de medición de esta zona (en Ávila, Segovia y Salamanca), junto con una de la aglomeración de Valladolid (junto a Laguna de Duero), han incumplido el objetivo legal en el trienio 2017-2019, pero dos de ellas además, las de Segovia capital y El Maillo (Salamanca), han batido el récord de ozono desde que hay registros (en Valladolid se mide desde 1991).

Además, han señalado, coincidiendo con la ola de calor de finales de junio, se han registrado tres superaciones del umbral de información, en las estaciones de Ávila y San Martín de Valdeiglesias (Madrid), frente a las que la Junta de Castilla y León se ha limitado a difundir un aviso rutinario, cuando creen que se debería de informar igual que de la meteorología o el tráfico.

Ceballos ha explicado que el ozono es un contaminante muy complejo, que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante secundario que durante el verano afecta sobre todo a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

Así, ha señalado que el mantenimiento de la contaminación por ozono en 2019 es consecuencia en primera instancia del repunte en la quema de combustibles fósiles que acompaña al nuevo ciclo económico, agravada por el aumento de las temperaturas resultado del cambio climático, el tráfico, la industria y granjas extensivas de porcino, de gran importancia en Segovia, que está "saturada". Esta contaminación, empujada por los vientos, afecta a zonas urbanas y rurales de la Comunidad.

Más información 

Además de que consideran que la información no es adecuada desde el punto de vista por la gravedad del problema, Miguel Ángel Ceballos ha incidido en que sólo Valladolid cuenta con un protocolo frente a los episodios por ozono, que ha supuesto el corte al tráfico del centro dos días. Sin embargo, aunque está "muy bien" frente a "episodios", no se ha actuado ante un problema estructural.

A este respecto, Javier Gutiérrez ha señalado que en Valladolid se da "cierta paradoja", ya que es pionera al actuar con ciertos protocolos cortos pero es necesario "algo más" al registrar constantes superaciones, para lo que considera que se debería abordar un plan que, por un lado, contemplasen cambios en las pautas de movilidad y, por otro, actuaciones relacionadas con la industria.

Para ello, Ceballos ha explicado que han pedido una entrevista con el alcalde, Óscar Puente, en la que esperan que les atienda, reciba y escuche al respecto.

En cuanto a las medidas para reducir la contaminación del aire por ozono, Ceballos ha apuntado la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el cierre de las centrales térmicas de carbón (Compostilla, La Robla y Guardo, tras el cierre de Anllares).

Asimismo, consideran necesario penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las nuevas grandes explotaciones ganaderas intensivas que, además de contaminar el aire, afectan a la calidad del agua.