La Plataforma de Afectados Por la Hipoteca de Zamora ha presentado una queja al Procurador del Común cuando este visitaba Zamora el pasado 26 de septiembre. En ella, la organización denuncia la inexistencia de una Ley de Vivienda, ni autonómica, ni
estatal, que "dé soluciones al incumplimiento del derecho constitucional a una vivienda
digna".

La PAH advierte de "la inminente amenaza" de un aumento de los desahucios, entre otros factores, por el fin de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias para mayo de 2020 y que "afectará a numerosas familias, muchas de ellas en Zamora". Este es uno de los motivos por los que  la PAH de Zamora presentaba una queja ante el Procurador del Común basándose en los casos que, previamente, las personas y familias pertenecientes a la PAH habían presentado.

Las quejas que se han presentado corresponden a tres casos de Zamora que han recibido una notificación de lanzamiento por parte del Juzgado. Para dos de ellos se ha conseguido
paralizar temporalmente por falta de alternativa habitacional y el otro está pendiente de la decisión del Juzgado.

La Plataforma denuncia también en su queja "la falta de alternativa habitacional ante el
desahucio por parte de la administración, a pesar de la existencia de viviendas vacías"
que, en Zamora, son más de 6.500, según los datos aportados por INE. "Muchas de ellas
propiedad de la SAREB y de otros bancos recatados con dinero público, y de otras
ayudas", apuntillan desde PAH Zamora.

La organización afirma que esta es la razón por la cual "se acumulan las más de 200 solicitudes de una vivienda de alquiler social ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Zamora", a las que solamente se ofrecen cuatro viviendas, dos de ellas en Zamora y las otras dos en Benavente.

Para la organización todas estas situaciones se generan porque la Junta “ha sido incapaz de desarrollar” la LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda, particularidad que el Procurador del Común de Castilla y León “deja muy claro” en la Resolución emitida el 15 de junio de 2015 y enviada a la Consejería de la Presidencia de la junta de Castilla y León “Aplicación de medidas para proteger eficazmente el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada”.

Por eso la PAH Zamora insiste ante el Procurador del Común “el incumplimiento de su propia Ley” por parte de la Junta y “la falta de voluntad política” para desarrollarla y materializarla. También han señalado “el silencio del Ayuntamiento, a pesar de su compromiso por una ciudad libre de desahucios, y al que le hemos solicitado información sobre la situación de las viviendas propiedad del Ayuntamiento que, en su mayoría o estaban ocupadas ilegalmente o requerían ser habilitadas para poder ser ocupadas. Le hemos dado a conocer, a grandes rasgos”.

En su escrito la PAH detalla su Plan de Choque para afrontar la emergencia habitacional en el ámbito autonómico:

• La suspensión temporal de todo desahucio que afecte a personas con bajos ingresos, sin alternativa habitacional, hasta que la Administración Pública pueda garantizar una vivienda adecuada.
• Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad económica.
• Regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los salarios y prestaciones existentes en nuestro país, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
• Impuesto a viviendas vacías, especialmente pertenecientes a grandes tenedores como la banca, Fondos Buitre y Socimis (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).
• Incremento creciente en los Presupuestos Autonómicos para vivienda que garanticen su función social de forma permanente.
• Impedir la enajenación de vivienda pública por norma legal.
• Medidas legales que otorguen a la administración pública pertinente el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente, acaban en manos de fondos buitre.
• Cesión obligatoria de las viviendas que posea la banca rescatada (Bankia, SAREB) para la creación de un PARQUE de viviendas de alquiler social.
• Desarrollo de la Ley de medidas urgentes en materia de Vivienda que permita la movilización de vivienda deshabitada hacia el alquiler social estable o la consideración del Derecho a la vivienda como Derecho Subjetivo para las familias vulnerables.