El Salón de Plenos del Palacio de La Salina ha servido este miércoles como escenario de la sesión plenaria del mes de enero en la Diputación de Salamanca. Una sesión que ha servido, entre otros asuntos, para aprobar por unanimidad de los grupos la moción llevada a peno por el Partido Popular para instar al Gobierno a que modifique la Ley del Registro Civil aprobada en 2011 y cuya entrada en vigor supondrá el cierre de oficinas.

Un circunstancia, que los diputados consideran que afectaría de manera muy grave a los municipios pequeños, hasta el punto de que Salamanca podría quedarse sin ninguna de las 362 oficinas si la ley entra en vigor sin adaptación ni modificación, mientras que los Juzgados de Paz también dejarían de tener competencias. En esta moción, la Diputación insta al Gobierno a preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito y garantizar su acceso a todos los ciudadanos.

El Grupo Popular, en este sentido, considera que “la nueva Ley contempla profundos cambios que pretenden adaptar el Registro Civil a la sociedad del siglo XXI, apoyándose en las nuevas tecnologías y, en las oportunidades que estas proporcionan para prestar un servicio más efectivo. Sin embargo, no puede obviarse la realidad, social, territorial y demográfica de España, así como la distinta implantación de la red de Internet en los distintos territorios, por lo que el nuevo modelo del Registro Civil tiene que contemplar esta realidad hacer compatible la reforma con los derechos y garantías de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, culminan.

El pleno había comenzado, tras asuntos protocolarios, con la actualización del del precio público por estancias en Centros Asistenciales dependientes de la institución provincial. Además, se ha aprobado una corrección de errores en el Plan Reserva del Plan Provincial de Carreteras del pasado año 2019. También se ha modificado el convenio suscrito con el Obispado de Salamanca para la conservación y reparación de iglesias y ermitas de la Diócesis en la provincia.

Todas las mociones del PSOE, rechazadas

Entre las mociones de los grupos políticos, el Partido Socialista ha llevado tres y ninguna de ellas ha salido adelante por el voto en contra del Partido Popular. La primera de ellas, pretendía renovar los criterios del Plan Provincial de cauces, así como un refuerzo económico en la partida dedicada al efecto que debía salir del remanente de tesorería. Sin embrago, los populares propusieron dejar la moción encima de la mesa al objeto de enriquecerla, algo a los que el PSOE se negó y la propuesta fue rechazada.

Misma suerte que ha corrido la segunda de las mociones socialistas, en la que pretendían establecer una línea de ayudas a municipios de la provincia para la adquisición de vehículos que presten el servicio de transporte sanitario a la demanda, establecido en los núcleos poblacionales rurales de tal manera que “lo que ha de ser un servicio universal para todos, como es la asistencia sanitaria, no dependa de la implicación, buena voluntad o posibilidades económicas de los diferentes ayuntamientos tal y como está ocurriendo ahora”. Tras un agitado debate que incluyó alusiones sobre las chapas de 'El médico se queda' que portaban los socialistas, el PP rechazó argumentando que ya están al objeto de la moción.

Mismo argumentario que ha utilizado el diputado de Deportes, Jesús María Ortiz, para rechazar la tercera moción del PSOE, que pretendía el fomento de la actividad física popular no competitiva en los municipios de la provincia de Salamanca. Además, afeó al Grupo Socialistas que no hubiera comunicación interna, puesto que es un objeto que a menudo centra las comisiones del área.

Las propuestas del Grupo Ciudadanos tampoco salen adelante

Uno de los debates más animados de la sesión ha llegado en torno a la creación de una Oficina de Turismo Rural dedicada a la provincia, pero en la capital, donde se concentra la mayor parte de los visitantes que llegan a Salamanca. En este sentido, con el acuerdo en la necesidad de crear un espacio a este efecto, el debate se ha centrado en el lugar que debía ocupar. El PSOE ha propuesto el Palacio de Abrantes, con el beneplácito de Ciudadanos, y el diputado de Turismo, el popular Javier García Hidalgo, ha indicado el edificio de titularidad provincial de la Rúa, por lo que ha rechazado la moción.

Lo mismo ha ocurrido con la segunda moción de Ciudadanos, que pretendía solicitar la ampliación y modificación del convenio con ADIF en relación con la puesta en marcha de la ruta de los túneles y puentes La Fregeneda-Frontera Portuguesa. Señalaba Ciudadanos, en este sentido, el compromiso al respeto medioambiental que debía asumir ADIF garantizando la conservación y vigilancia hacia los espacios naturales de interés ecológico, científico, educativo, cultural paisajístico o recreativo. Algo que García Hidalgo señaló como ya incluido en el actual acuerdo.

Las dos últimas mociones, también rechazadas, fueron propuestas por el diputado no adscrito, José Francisco Bautista. Una sobre recuperación del patrimonio histórico de la provincia y otra sobre creación de un 'cluster' empresarial para la gestión del denominado 'Camino de Hierro'. En este último caso, rechazada no solo por el Partido Popular, sino también por Ciudadanos.