El Tribunal Supremo recibirá finalmente dos únicos recursos contra la sentencia condenatoria por el denominado 'caso PGOU', los anunciados por
el jefe del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita, y el arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller, sin que el principal inculpado, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca, haya decidido acudir a esta vía.

Las defensas de los dos primeros elevarán sus recursos al Alto Tribunal para obtener una sentencia absolutoria, en lugar del año y tres més de cárcel, su inhabilitación por idéntico periodo y multa de 1.350 euros por un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con varios delitos de prevaricación urbanística impuestos por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Quien ha decidido no recurrir es el exconcejal de Urbanismo, aunque en el supuesto de que los dos primeros lograran su propósito y vieran revocada la sentencia de primera instancia, sus efectos se extenderían también a García de Coca, quien fue condenado a dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial, en concurso medial con varios delitos de prevaricación y dos delitos de prevaricación urbanística.

Junto a la pena de prisión, el tribunal le impuso también dos años de inhabilitación para cargo de concejal y multa de 2.700 euros, a lo que se suma otro año y nueve meses de inhabilitación y otra multa de 1.350 euros por un delito contra el patrimonio artístico.

También han renunciado a interponer recurso tanto la Fiscalía de Valladolid como la acusación popular, ejercida esta última por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado'.

La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial llegaba dieciséis años después de unos hechos que se remontan a 2003 y tras una instrucción plagada de vicisitudes procesales en la que llegaron a estar encausadas catorce personas, de las que finalmente, pese a llegar a compartir banquillo en una primera jornada celebrada el 18 de septiembre de 2018, tan solo quedaron cuatro al aplicar el tribunal la prescripción de delitos para el resto.

De estos cuatro, el que fuera jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico en el Ayuntamiento de Valladolid, José Luis Cerezo Bada, quedó fuera del proceso en la décima jornada del jucio que se desarrolló entre los pasados días 16 y 31 de octubre, al retirar la fiscal del caso los cargos contra él, mientras que la vista continuó contra los otros tres condenados, que, en palabras del exconcejal de Urbanismo, García de Coga, se consideraron "chivos expiatorios de un proceso eminentemente político".

La Sala, a la hora de fijar las penas, apreció la atenuante de dilaciones indebidas y, además, les absolvió del delito de tráfico de influencias por el que también fueron juzgados.

Fiscalía de Valladolid había pedido penas de tres años de cárcel, 25.200 euros de multa e inhabilitación por espacio de 37 años por un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro sobre el patrimonio histórico, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Por su parte, la acusación popular había solicitado la mayor de las penas, seis años y diez meses de prisión, para García de Coca, junto con 38 meses de multa y 17 de inhabilitación por un delito de falsedad en concurso con otro de tráfico de influencias y otro de prevaricación contra el patrimonio histórico.

Para Mezquita y Allegar, el acusador popular, también por falsedad en concurso con tráfico de influencias y dos delitos de prevaricación, uno de ellos urbanística, interesaba cuatro años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, 15 meses de multa y 14 de inhabilitación.