La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha asegurado que está "recogiendo información" y analizando "con cautela" la petición reiterada y firmada por distintos sindicatos policiales para el cese del jefe de la VII Unidad de Intervención Policíal (UIP), Luis Miguel Romera.

Sin entrar en materia, la máxima responsable del Gobierno central en la Comunidad, durante el encuentro mantenido con los medios de comunicación para dar cuenta de los pormenores de la detención de los siete presuntos autores del robo y crimen de la Plaza Circular, ha recordado que ya el lunes recibió el manifiesto de los representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP).

Martín, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apelado a la "prudencia" y necesidad de "equilibrar" las legítimas reivindicaciones de los sindicatos y la propia UIP y ha sostenido que esta recabando la información oportuna con "cautela y rigor para valorarla con la delicadeza que exige un asunto de esta naturaleza".

En cualquier caso, la delegada sí ha aprovechado para realizar una encedida defensa y reconocimiento de la labor que la UIP desarrolla en Castilla y León para garantizar los derechos, la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos.

Los tres sindicatos aludidos expresaron el pasado sábado su "unánime y absoluta" disconformidad ante la "inacción" de la Dirección de la Policía a pesar de las reiteradas peticiones que han realizado para pedir el "cese inmediato" del inspector jefe de la VII UIP, algo que reclaman desde marzo de 2012 mediante escritos y diferentes concentraciones.

En este marco, destacaron la valía de los profesionales de la UIP pese a la "nefasta gestión" de personal y "mala práxis" del jefe de la misma, que ha supuesto numerosos problemas o que impide incluso que sus integrantes puedan conciliar su vida personal y laboral de forma adecuada, pero además criticaron la desconsideración de los subordinados y la "persecución" a su trabajo, vida personal y policial.

Los sindicatos consideran que ahora esta petición está avalada por un informe de riesgos psicosociales realizado en la unidad, de la que han asegurado que ha llegado a pedir la baja más del 60 por ciento de sus integrantes, que son más de un centenar, en los últimos años. En dicho informe, según los sindicatos, se demuestran diversos factores de riesgo psicosocial, "en gran parte derivados del estilo de liderazgo, con un nivel de exposición de riesgo importante".