Los sindicatos más representativos en función pública de Castilla y León, CSIF, CC.OO. y UGT, inician el nuevo año retomando la exigencia a la Junta para que cumpla los compromisos pendientes con sus empleados públicos, como recuperación de la jornada de 35 horas y el pago de los fondos adicionales de 2018 y 2019.

"Se ha agotado la paciencia. Desde el inicio de este curso, la Junta ha venido riéndose de nosotros al no aplicar la jornada de 35 horas para todo el funcionariado, un acuerdo negociado, pactado y firmado con el Gobierno Regional", denuncian estos sindicatos que, a través de un comunicado recogido por Europa Press, anuncian que no necogiarán plantillas mientras no cambie la situación.

A ello suman que, de cara a la negociación de plantillas, la Junta ha venido imponiendo sus criterios para la determinación de dichas plantillas jurídicas sin admitir alegación alguna de ninguno de los sindicatos.

De cara a este curso, critican que ni tan siquiera contemplan la jornada de 35 horas para crear plazas y evitar amortizaciones, lo cual implica que tampoco piensan aplicar ese compromiso firmado en el curso próximo.

"Ni se plantean rebajar las excesivas ratios que impusieron los recortes, ni se plantean negociar las plantillas de Educación Especial ateniéndose a los datos reales del centro, ni se plantean mantener una plantilla que ya tienen en la zona rural que evite su despoblación. En definitiva, los recortes siguen, no se plantean la más mínima mejora", censuran.

Respecto al pago de los fondos adicionales, los tres sindicatos recuerdan que ya trasladaron a la Junta de Castilla y León una propuesta de reparto lineal y consolidable de dichos fondos, si bien por el momento no se ha recibido respuesta alguna ni se ha convocado reunión para negociarlo, a pesar de los constantes requerimientos.

Ante ello, las organizaciones sindicales apuntan que la Junta les deja dos escenarios, "ser comparsa y cómplice de que mantengan de facto cada recorte o plantar cara, no negociar, presionar y hacer las acciones necesarias para que cambie el rumbo", vía esta última por la que se decantan ante el "abuso de la Junta contra unos profesionales que sitúan su trabajo en el primer puesto del estado mientras son los peores pagados y siguen mermándoles sus recursos".