La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se ha convertido en un caos que, a tenor de las apreciaciones de trabajadores sanitarios y pacientes, "tiene a la Sanidad de CyL patas arriba". Por ello, son muchas las protestas de trabajadores, manifestaciones de usuarios de la Sanidad y, según se ha conocido estos últimos días, también crecen las denuncias. Tal es así que los datos son claros, Castilla y León es la quinta comunidad autónoma más denunciada por negligencias médico-sanitarias, con cerca de 700 casos atendidos por la asociación El Defensor del Paciente de algo más de 13.400 en todo el territorio nacional.

A ello se suman más cifras conocidas en las últimas fechas. Según los datos del Observatorio de Deuda de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la cifra global de facturas pendientes de cobro (FPC) de Castilla y León con las compañías de Tecnología Sanitaria a cierre de 2019 se ha situado en 76 millones de euros.

Listas de espera, ¿irán al juzgado?

También las listas de espera son "escandalosas", aseguran desde diversos colectivos de trabajadores y usuarios. Así, todos los supuestos movimentos que realiza el nuevo equipo de Sanidad, encabezado por la consejera Verónica Casado, no ayudan a la reducción de las listas de espera, ya que se han incrementado, bien porque las cifras reales estaban escondidas bien porque no se ponen los remedios. Pero lo cierto, como aseguran desde CCOO es "la decadencia evidente" del sistema sanitario público.

Sanidad no pone remedio porque una de las causas de esas listas de espera es la falta de especialistas, que afecta de manera especial a Castilla y León, porque las condiciones de los trabajadores y las decisiones de la Consejería no son atractivas para los profesionales. Ante ello, el descontento general de los profesionales es mayúsculo porque permanentemente se está reorganizando la actividad ante la falta de personal. Ejemplo claro de ello es que la directora general de Profesionales, Mercedes Pérez, se empeñe en recortar plantillas sin dar opción alguna y diga cosas como que se rescinden contratos porque se obliga a ir a zonas menos atractivas como Aranda y Soria y no se quiere. Algo que no es cierto porque el resultado es que se ofrecen peores condiciones y por ello los profesionales se van a otras comunidades.

Otra vez que las cifras son las que son. El balance de la lista de espera quirúrgica en Castilla y León, a fecha de 31 de diciembre del pasado año, refleja que 35.314 pacientes estaban en espera de una intervención, lo que son 4.560 más que en la misma fecha que el año anterior.

Un caso concreto y donde más está siendo criticada la Sanidad regional es en Salamanca. Según ha reconocido el propio Sacyl las listas de espera en el Complejo Hospitalario de Salamanca se disparan y vuelven a subir tanto en el número de pacientes como en días de demora para ser sometido a una operación o que le realicen una prueba diagnóstica. Esta demora pasa de 95 a 124 días y casi 1.200 personas esperan más de seis meses para una operación. Unas cifras que indican un aumento del casi 22% en el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, 1.175 pacientes más en esta situación que hace un año, y que la elevan a un total de 5.499, o lo que es lo mismo, durante este año la lista de espera ha aumentado en tres pacientes más cada día.

Una situación que, según ha declarado la Secretaria de Sanidad del PSOE de Salamanca, María García es inasumible y muy grave porque “se está vulnerando el derecho de los ciudadanos, en este caso de los salmantinos, a la salud”. La responsable de Sanidad en la dirección de los socialistas salmantinos considera que esta situación demanda una solución urgente sin demoras porque “si no se resuelve por la vía administrativa o política algunos casos podrían llegar a los ámbitos judiciales” algo que, ha concluido, ya se está produciendo.

Este caos también lleva a asuntos tan importantes como el transporte de enfermos. Siendo siempre mal parados los habitantes del mundo rural. Tal es así que muchos pacientes con tratamiento oncológico, y de avanzada edad, tienen que desplazarse a las capitales para recibir quimioterapia o radioterapia. Deben salir bien temprano de sus pueblos, recibir el tratamiento, y regresar otra vez, en muchos casos con más de cuatro horas de viaje, ya que deben realizar la ruta de la ambulancia por los diversos pueblos.

No cierran consultorios, pero no van médicos

Suma y sigue el supuesto cierre de consultorios.  «La actividad del médico de familia se concentrará en el centro de salud o en el consultorio rural de agrupación CRA». Y en los demás consultorios? Más. «Consultoriso de Proximidad (C-PROX), a los que el personal sanitario «se desplazará con la periodicidad que se establezca en casa caso, siempre y cuando exista una necesidad asistencial sentida por las personas interesadas (cita previa a demanda) o detectada por el profesional, médico o de enfermería (cita concertada)». No hay que ser muy lumbreras para darse cuenta de que, este proyecto marco, no es más que dejar sin médico los consultorios de los pueblos que no sean agrupación CRA. Claro que no se cierra el consultorio, pero si no va médico, de qué sirve el edificio.

La consejera Verónica Casado, con todo su nuevo equipo, se reúne con los presidentes de las diputaciones de Castilla y León -que no tienen competencia alguna en esta materia y a las que Cs puso fecha de caducidad- para dar a conocer las líneas básicas de actuación para los próximos años.

Pero la realidad es tozuda, como por ejemplo la falta de profesionales y su elevada edad media (es la CCAA con mayor porcentaje de médicos por encima de 50 años). Eso sí, es la segunda comunidad con más médicos por 100.000 habitantes, sólo superados por Extremadura. Con un modelo asistencial de hace 30 años, Castilla y León es una de las Comunidades con mayor número de profesionales, pero la mala organización de éstos impide dar una atención sanitaria adecuada. Un ejemplo: de los 3.669 consultorios, el 45 % tiene menos de 50 pacientes adscritos, con un 30 % de médicos con menos de 500 tarjetas sanitarias. Y aquí está la madre de la cuestión para reorganizar a los trabajadores. Es decir, proporcionar consulta a diario tanto de médico como de enfermería para toda la población, y a poca distancia del domicilio del paciente. La reorganización rural, por donde pasan todas las declaraciones, aunque sean a la carrera. "No hacer no es una opción, porque sin ordenar la asistencia se verá comprometida", dice la Consejería.

Ya lo dice el vicepresidente Francisco Igea, "no nos gustan los malos datos pero hemos puesto números, con las matemáticas sobran las calificaciones, donde hay números se acaban las discusiones. Hemos puesto los números, se acaban las discusiones”.